El Partido Justicia y Desarrollo (AKP) obtuvo un 49,9% de los votos, lo que, si bien no le permitirá cambiar la Constitución de forma unilateral, le sigue otorgando una cómoda mayoría absoluta.
Durante la campaña, el partido abanderó la sustitución de la Carta Magna vigente —promulgada tras el golpe de estado militar de 1980— por una constitución totalmente civil. La iniciativa era polémica, especialmente ante el temor de que el AKP lograse más de dos tercios de los escaños parlamentarios, lo que le hubiera permitido instaurarla sin contar con la oposición. El AKP ha logrado 326 escaños, pero si quiere seguir adelante con el cambio se verá obligado a pactar con otras fuerzas políticas para obtener, al menos, 330 —lo que le permitiría someter el texto a referéndum—.
El resultado puede considerarse un fracaso relativo para las expectativas de los líderes del AKP, pero en la práctica este sigue gozando de capacidad para imponer cualquier nueva medida legislativa sin que la oposición pueda bloquearla. Y esta situación asusta a muchos en Turquía.
Tal vez porque el AKP ha dado recientemente ejemplos inquietantes de un autoritarismo cada vez más pronunciado. La libertad de prensa se ha deteriorado sensiblemente en los últimos dos años. Además de la existencia de más de siete mil webs bloqueadas en el país, el gobierno planea imponer unos filtros de internet obligatorios para todos los usuarios, lo que, según los críticos, supone la implantación efectiva de la censura en la Red. Turquía ha bajado 37 puestos en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras desde 2007. Peor aún, el país ostenta el récord mundial de periodistas encarcelados: casi el doble que China o Irán, los siguientes en la lista. Esto se debe a la existencia de unas leyes que permiten acusar de manera muy vaga a los periodistas por delitos como «atentado al honor» o «colaboración con un grupo terrorista».
Preocupantes son también los datos sobre justicia penal. Desde la llegada al poder del AKP en 2002, se han construido 49 nuevas cárceles y la población reclusa en el país se ha duplicado: de 59.000 a 120.000 personas. Según Human Rights Watch, además, en torno al 53 % de los encarcelados lo están de manera preventiva a la espera de juicio. Aunque Erdogán no es el responsable directo, no ha sabido —o querido— poner remedio a la situación.
Esta disfunción ha llevado a muchos críticos a sostener que el gobierno está utilizando el macrojuicio sobre la trama golpista «Ergenekon» para castigar a sus rivales políticos. Lo que comenzó con la detención de los miembros de un grupúsculo ultranacionalista, que presuntamente planeaba cometer actos desestabilizadores, ha desembocado en una serie de arrestos masivos en los que muchos de los detenidos, acusados de formar parte de una red golpista contra el gobierno de Erdogán, sólo tienen en común su abierta oposición al AKP. Aunque sean finalmente absueltos, habrán pasado uno o varios años en la cárcel.
Por ello, numerosas voces —tanto en Turquía como en el Consejo de Europa o los gobiernos de la UE— han expresado su preocupación por el camino que va tomando el país. El verdadero peligro, dicen, no es una islamización cuyo fantasma no termina de materializarse, sino la acumulación de poder sin contrapesos. Erdogán quiere abrazar a todos, pero no todos los turcos quieren que les abrace.
