La opinión pública internacional ha hecho oídos sordos a las denominadas “operaciones KCK” que el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) han estado llevando a cabo durante los últimos dos años. Tras la fachada de la “lucha contra el terrorismo”, el gobierno de Erdoğan ha utilizado los tribunales, la policía y los medios para castigar cualquier activismo cívico en apoyo de los derechos que exigen los ciudadanos kurdos en Turquía. En particular, las “operaciones KCK” tienen como objetivo provocar el miedo entre los activistas, silenciar la disidencia y normalizar las detenciones arbitrarias de ciudadanos. Irónicamente, la supresión de la disidencia y de la política democrática por parte del gobierno de Erdoğan se ha intensificado al mismo tiempo que se elogia la “democracia turca” como un modelo para el mundo árabe.
Desde el año 2009, un total de 7748 personas están bajo custodia policial acusadas de asociación con el KCK –una organización que, supuestamente, es la rama urbana del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)– y 3895 han sido encarceladas sin que se tengan noticias de procesos judiciales en un futuro inmediato. Entre los ciudadanos que sufren este tratamiento de mano dura hay alcaldes electos, intelectuales, miembros de asociaciones cívicas, periodistas, estudiantes universitarios, investigadores, académicos y activistas.
Una de las últimas víctimas del ataque contra la disidencia por parte del gobierno de Erdoğan ha sido Bursa Ersanli, una respetada profesora de la Universidad de Marmara. Su único “delito” aparente ha sido su activa participación en el Partido por la Paz y la Democracia (BDP), que lucha por los derechos de los ciudadanos kurdos en Turquía. Los miembros de este partido son sistemáticamente objeto de detenciones arbitrarias por parte de unidades antiterroristas, y ello a pesar de que dicho partido está representado en el parlamento. El 29 octubre de 2011, la profesora Ersanli debía participar en una conferencia sobre “Temas controvertidos en la historia de la República de Turquía” en la Universidad de Bilgi, pero la víspera, el 28 de octubre, fue puesta bajo custodia policial. Aquel mismo día, Ragip Zarakolu, uno de los miembros fundadores de la Asociación por los Derechos Humanos y antiguo presidente del “Comité de Escritores Encarcelados” del PEN Internacional en Turquía, también fue puesto bajo custodia policial.
Días antes, durante el mes de octubre, Ayse Berktay (Hacimirzaoglu), una traductora, investigadora y activista global por la paz y la justicia, fue detenida por la policía en su hogar de Estambul a las 5:00 de la madrugada y todavía sigue en prisión. La profesora Busra Ersanli, Ragip Zarakolu y Ayse Berktay se cuentan entre los miles de personas que han sido encarceladas y silenciadas durante los últimos dos años.
Bajo tales condiciones políticas, que no cesan de empeorar, se vuelve urgentemente necesario que desenmascaremos la arbitrariedad y el autoritarismo con los que el gobierno turco está haciendo frente a la cuestión kurda. En estos tiempos cualquier ciudadano de Turquía puede convertirse en víctima del gobierno de Erdoğan, de los tribunales y de la policía por el simple hecho de implicarse en actos políticos de solidaridad con los detenidos durante las “operaciones KCK”.
La paz no es posible bajo las actuales condiciones de miedo, paranoia y autoritarismo político.
