Reporteros Sin Fronteras vuelve a pedir, tras la reanudación esta semana del juicio a 44 periodistas de medios de comunicación pro-kurdos, la liberación de todos los detenidos y la garantía a las autoridades turcas de que tendrán un juicio justo. De un total de 44 detenidos en diciembre de 2011 -entre los que se encuentran profesionales del periódico Özgür Gündem o de la agencia de noticias DIHA-, 38 siguen privados de libertad.
El caso ha generado gran expectación pero está lejos de ser el único. Mañana, 13 de septiembre, un tribunal de Diyarbakir decidirá si pone en libertad condicional al periodista de Hawar, Adanir Bedri, detenido desde enero de 2010. Pasado mañana, 14 de septiembre, se reanuda el juicio a juicio de Ahmet Sik, Nedim Sener y los periodistas Oda TV; y la próxima semana, en la ciudad de Van, comienza el juicio a Murat Aydin, periodista de la agencia DIHA, detenido desde octubre de 2011 y acusado de "propaganda del PKK a través de medios de comunicación".
"A pesar de algunas promesas y mejoras marginales, el sistema judicial turco sigue manteniendo la criminalización de los artículos de prensa y juzgándolos como actos de terrorismo. Las autoridades turcas continúan abusando de la ley antiterrorista y de la prisión preventiva", recuerda Reporteros Sin Fronteras.
"Este enfoque represivo a los medios de comunicación y la sociedad civil, no sólo amenaza a la libertad de información y viola las obligaciones internacionales de Turquía, sino que dificulta una solución pacífica al problema kurdo en un futuro próximo y socava la credibilidad de los intentos de Turquía por proyectar una actitud modelo en cuestiones regionales", añade la organizción.
La mayoría de los 44 enjuiciados están acusados de pertenecer a una organización ilegal o, incluso, de ser uno de sus líderes. Se les acusa también de recibir órdenes del KCK - el ala urbana del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo armado separatista ilegalizado-; y de formar "comités de medios de comunicación" a instancias éste.
La acusación formal, de 800 páginas, recoge artículos publicados, contactos y conversaciones de los periodistas. Unos registros ampliamente detallados que denuncian supuestas razones para la cobertura de determinados eventos o para la realización de entrevistas con algunas fuentes. La fiscalía eleva así a calidad de delito el hecho de contactar o entrevistar a activistas pro-kurdos, incluidos los miembros del partido legalizado BDP, cubrir manifestaciones o registrar los malos tratos que reciben los detenidos. Parte del expediente de la acusación se mantiene en secreto, violando los derechos de la defensa de los acusados
