Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que el Gobierno de Azerbaiyán está llevando a cabo una campaña de represión y abuso contra cientos de activistas y grupos opositores, al tiempo que ha emplazado a las autoridades europeas a que presionen al Ejecutivo azerí para que ponga fin a los abusos contra la oposición.
El informe que ha presentado este jueves la organización ha registrado más de 90 casos de activistas y opositores al Gobierno azerí que han sufrido arrestos ilegítimos, acoso y abusos por parte de las autoridades. De acuerdo con HRW, el Gobierno de Azerbaiyán ha acusado en numerosas ocasiones a activistas de delitos falsos para poder procesarles y encarcelarles. Por otro lado, la legislación azerí ha conformado un marco legal muy restrictivo que somete a las organizaciones no gubernamentales a un férreo control, lo que convierte su actividad en "misión imposible", según la ONG.
El Gobierno de Azerbaiyán ha procesado en 2016 a más de una veintena de activistas políticos contrarios al Ejecutivo, a los que ha acusado de una gran variedad de delitos: desde posesión de drogas y blanqueo de dinero a actividad empresarial ilegal. Las autoridades han llegado a arrestar a ciertos opositores por sus supuestos vínculos con el clérigo turco Fethulá Gulen, al que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa de haber orquestado el fallido golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio.
De acuerdo con los testimonios recogidos por Human Rights Watch, prácticamente casi todos los detenidos por su actividad política han sido sometidos a abusos por parte de las autoridades. Una vez arrestados, muchos de ellos sufrieron agresiones físicas, amenazas de violación, amenazas contra sus familiares y confinamiento en régimen de aislamiento con el objetivo de forzar confesiones falsas.
Los arrestos por razones políticas en Azerbaiyán han aumentado de sobremanera en los últimos dos años debido a la oleada de protestas y de desengaño social que se ha extendido por gran parte de la población a raíz de la mala situación económica.
Las autoridades azeríes también se han servido de delitos menores para encarcelar a activistas, tales como "blasfemar en público" o "vandalismo". En muchas ocasiones han llegado a acusar a opositores a través de los comentarios que han hecho en sus redes sociales, como Facebook o Twitter.
12 AÑOS POR PINTAR UN GRAFFITI
Entre los arrestados de este año se encuentran Giyas Ibrahimov y Bayram Mammadov, dos jóvenes que fueron detenidos en mayo por pintar en una pared una caricatura del antiguo presidente azerí Heydar Aliyev, padre del actual jefe de Gobierno, Ilham Aliyev. La Policía ordenó a los jóvenes que se disculpasen delante de una cámara con la promesa de que serían liberados después.
Cuando los dos acusados se negaron, los agentes policiales les propinaron una paliza y amenazaron con violarles. Ambos acabaron firmando una declaración en la que admitían falsamente haber cometido un delito de posesión de drogas y ahora se enfrentan a una pena de hasta 12 años de cárcel.
Entre finales de 2015 y principios de 2016, el Gobierno azerí liberó a una decena de activistas políticos encarcelados de forma fraudulenta, como la periodista Jadija Ismaylova o los defensores de los Derechos Humanos Leyla y Arif Yunus. No obstante, las autoridades de Azerbaiyán no han revocado su sentencia y sufren grandes restricciones a la hora de viajar. Muchos de ellos han dejado el activismo o han huido del país.
"Con la liberación de varios activistas encarcelados injustamente a principios de año, teníamos grandes esperanzas de que la situación de Azerbaiyán estuviera dando un giro", ha explicado el director de HRW en el sur del Cáucaso y autor del informe, Giorgi Gogia.
HRW también ha denunciado que las cientos de familiares de activistas en el exilio que han continuado con su denuncia social a través de Internet han sufrido amenazas, acoso y abusos por parte de las autoridades azeríes.
Por otro lado, el Gobierno de Azerbaiyán ha ido estrechando el cerco de actividad de las ONG en su país cada vez más mediante la aprobación de leyes increíblemente restrictivas, que hacen que sea prácticamente imposible para las organizaciones no gubernamentales poder actuar sin temor a posibles represalias.
